La jurista sudafricana Navanethem «Navi» Pillay, de 85 años, fue anunciada este viernes 9 de octubre como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026. Abogada durante el apartheid, jueza en el tribunal del genocidio de Ruanda y alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Pillay dedicó su carrera a la defensa de los derechos fundamentales.
De acuerdo con la información difundida sobre el galardón, el Comité Nobel noruego destaca su aporte a los esfuerzos para enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. El premio está dotado con 12 millones de coronas suecas, unos 1,2 millones de dólares, y la ceremonia de entrega se celebrará el 10 de diciembre en Oslo.
Del Natal segregado a los tribunales internacionales
Pillay nació el 23 de septiembre de 1941 en Durban, en el seno de una familia de origen tamil indio, bajo un régimen que imponía una discriminación racial profunda y restringía los derechos de la mayoría negra. Tras estudiar Derecho en la Universidad de Natal, encontró obstáculos raciales cuando intentó incorporarse a un bufete. En 1967 abrió su propio despacho en la provincia de Natal y se convirtió en la primera mujer en ejercer la abogacía en esa región.
Durante cerca de tres décadas defendió a militantes antiapartheid y denunció los maltratos contra presos políticos. En 1973 logró que los reclusos de Robben Island, entre ellos Nelson Mandela, pudieran consultar a sus abogados. También impulsó estructuras de apoyo a víctimas de violencia sexual y doméstica y, en 1992, participó en la fundación de Equality Now, organización internacional que promueve la igualdad de derechos.
Con el fin del apartheid, en 1995, fue la primera mujer de color nombrada en el Tribunal Superior de Sudáfrica. Ese mismo año se incorporó al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado para juzgar los crímenes cometidos durante el genocidio de 1994.
El fallo que cambió la jurisprudencia
En ese tribunal tuvo un papel relevante en el caso de Jean-Paul Akayesu. En 1998, la corte dictó una sentencia histórica al reconocer que la violación y la violencia sexual pueden constituir actos de genocidio cuando se cometen en las condiciones que define el derecho internacional, además de poder encuadrarse como crímenes de lesa humanidad. La decisión hizo evolucionar la jurisprudencia sobre violencia sexual en contextos de conflicto y dejó más claro que estos actos pueden acarrear responsabilidad penal para sus autores.
Pillay pasó a la Corte Penal Internacional en 2003. En 2008 dejó ese tribunal para dirigir la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, cargo que ocupó hasta 2014. Desde allí defendió la protección de las víctimas y respaldó iniciativas contra la discriminación, incluida la basada en la orientación sexual y la identidad de género.
La comisión sobre Gaza y el caso Rohinyá
Entre 2021 y 2025 presidió la Comisión de Investigación Internacional Independiente de la ONU sobre el territorio palestino ocupado. En septiembre de 2025, esa comisión concluyó que Israel cometió genocidio en la Franja de Gaza, conclusión que las autoridades israelíes rechazan.
Conviene precisar el alcance de ese resultado: se trata de conclusiones de una comisión de investigación y no de una sentencia penal definitiva dictada contra personas por un tribunal internacional. Su peso debe valorarse según la naturaleza y el mandato de ese órgano.
El nombre de Pillay también está vinculado al proceso que Gambia presentó contra Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia, relacionado con las acusaciones de genocidio contra la minoría rohinyá.
Una más en la lista de laureados africanos
Si se confirma la distinción, Pillay se sumará a las figuras africanas premiadas por su labor en favor de la paz y los derechos humanos: Albert Luthuli (1960), Desmond Tutu (1984), Nelson Mandela y Frederik de Klerk (1993) y Wangari Maathai (2004). En 2011 fueron reconocidas Ellen Johnson Sirleaf y Leymah Gbowee, y en 2018 el médico congoleño Denis Mukwege.
El galardón subraya el valor que se concede a los mecanismos judiciales internacionales en la lucha contra la impunidad, en un momento en que las investigaciones, las decisiones judiciales y la aplicación del derecho internacional siguen en el centro de debates y tensiones diplomáticas.
