BOGOTÁ, 13 de noviembre de 2026. Colombia y Venezuela han manifestado su intención de reforzar la cooperación en seguridad fronteriza tras dos secuestros atribuidos a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las autoridades colombianas buscan el apoyo de Caracas para dar con dos personas retenidas en zonas cercanas a la línea divisoria.
El primer caso es el de Nancy Gómez, esposa del alcalde del municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira, secuestrada el miércoles 11 de noviembre de 2026. Las autoridades colombianas sospechan que sus captores la trasladaron a territorio venezolano para evadir a las fuerzas de seguridad. La Cancillería colombiana confirmó que estableció contacto con las autoridades de Caracas para coordinar la búsqueda y lograr su liberación.
El segundo caso es el de la subteniente María Camila Pantoja, capturada el 4 de noviembre en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca. Al día siguiente, el Frente de Guerra Oriental del ELN confirmó que la oficial permanece en su poder. El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, indicó que su Gobierno busca la cooperación de Venezuela para facilitar las labores de inteligencia y localizar a la militar.
En un comunicado difundido el jueves 12 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela expresó su disposición a trabajar con las autoridades colombianas. Caracas propuso activar los mecanismos bilaterales existentes para intercambiar información y coordinar las acciones necesarias contra la delincuencia organizada transnacional.
Este acercamiento diplomático se produce en una frontera de 2.219 kilómetros, marcada desde hace años por la presencia de grupos armados, el tráfico ilícito y los secuestros. El ELN figura entre las organizaciones que operan en la zona y cuya actividad dificulta los esfuerzos de seguridad.
De forma paralela, las Fuerzas Armadas de Venezuela anunciaron el inicio de la operación «Soberanía y Paz» en el estado de Apure, que limita con el departamento colombiano de Arauca. Según las autoridades militares venezolanas, el despliegue apunta a campamentos logísticos, pistas clandestinas y redes vinculadas a grupos irregulares.
La voluntad de colaboración expresada por ambos Gobiernos supone un avance en la gestión de la frontera compartida. Sin embargo, deberá traducirse en resultados concretos, como la ubicación de las personas secuestradas y la reducción del movimiento de los grupos armados entre ambos territorios.









