Las cooperativas de vivienda se perfilan como una alternativa a la compra tradicional y al alquiler en España, un país donde el acceso a la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones. El modelo se basa en la participación colectiva de los futuros residentes, que se organizan para financiar, construir o gestionar edificios en condiciones distintas a las del mercado convencional.
En Barcelona, la cooperativa sin ánimo de lucro Sostre Cívic experimenta con el modelo de cesión de uso. La entidad conserva la propiedad de los inmuebles, mientras que los socios obtienen un derecho permanente de ocupación. Según Euronews, el proyecto Ca l’Ordit contempla 62 apartamentos destinados a unas 90 personas con ingresos modestos. Los futuros ocupantes deben aportar entre 12.000 y 24.000 euros para acceder a su vivienda, con cuotas mensuales estimadas hasta un 40 % inferiores a los alquileres del mercado.
Una experiencia con décadas de recorrido
El sector cuenta ya con una trayectoria considerable. En una investigación publicada el 30 de octubre de 2026, El País señala que las cooperativas han contribuido a construir más de 2,5 millones de viviendas desde 1957. Actualmente hay unas 30.000 en desarrollo en el marco de proyectos cooperativos en todo el país. Los profesionales del sector piden, sin embargo, más suelo edificable, trámites administrativos más ágiles y un mayor respaldo público.
A pesar de sus perspectivas, este modelo todavía no constituye una respuesta suficiente a la crisis inmobiliaria española. Su expansión depende de la disponibilidad de suelo, de la financiación y del compromiso de las administraciones locales. La experiencia de Barcelona reabre, no obstante, el debate sobre si la vivienda debe considerarse un derecho colectivo y no solo una inversión inmobiliaria.









