A dos semanas de las elecciones legislativas anticipadas del 29 de noviembre, el Gobierno de Pedro Sánchez ha obtenido respaldo parlamentario a un paquete de medidas para reforzar la protección de los inquilinos, en un contexto en el que la crisis inmobiliaria domina la campaña.
Madrid, 14 de noviembre de 2026. El Ejecutivo español logró luz verde a una serie de medidas sobre vivienda tras varias semanas de tensión política y movilizaciones sociales. El paquete contempla la ampliación de las protecciones frente a los desahucios, contratos de alquiler de mayor duración y restricciones a determinadas compras inmobiliarias de carácter especulativo. Según la agencia Anadolu, la aprobación llega después de que el Parlamento rechazara propuestas anteriores del Gobierno.
Protección frente a desahucios y congelación de alquileres
El texto, aprobado por un estrecho margen de 35 votos a favor y 34 en contra, prolonga hasta finales de 2030 determinadas garantías contra los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad. También prevé congelar ciertas subidas de alquiler hasta 2027 y establece un impuesto del 10 % sobre los alquileres turísticos. Según la crónica de Reuters del 13 de noviembre, el Parlamento sí rechazó un segundo decreto que habría hecho automáticas las renovaciones de los contratos de alquiler.
Una huelga general como telón de fondo
La votación se produce tras la huelga general del 11 de noviembre, la primera en catorce años en el país, convocada para denunciar el aumento de los alquileres y las dificultades de acceso a la vivienda. Según Associated Press, las protestas congregaron a miles de personas en varias grandes ciudades, entre ellas Madrid y Barcelona. Los sindicatos reclaman más vivienda asequible, mayor protección para los inquilinos y subidas salariales.
Incertidumbre política antes de las urnas
El alcance político de las medidas es incierto a las puertas de los comicios. El Partido Popular, principal fuerza de la oposición, ha anunciado que derogará el paquete si llega al poder. Las elecciones enfrentarán así dos orientaciones: una centrada en reforzar la protección de los inquilinos y otra que apuesta por construir más vivienda y reducir las restricciones al sector inmobiliario.









