El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó el sábado 14 de noviembre de 2026 un estado de sitio de 30 días en los departamentos de Zacapa e Izabal, en el este del país. La medida llega después de una serie de ataques armados mortales atribuidos a grupos criminales en una zona considerada clave para el tráfico de drogas hacia México y Estados Unidos.
Según Reuters, el decreto entró en vigor de inmediato y otorga mayores facultades a las fuerzas de seguridad. En determinadas circunstancias, las autoridades podrán realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial, limitar las reuniones y dispersar a grupos por la fuerza. La agencia indica que la decisión responde, entre otros hechos, al asesinato del diputado Julio César Portillo y de tres policías encargados de su protección, ocurrido el 6 de noviembre en Zacapa.
La violencia reciente también pesó en la decisión del Ejecutivo. De acuerdo con The Associated Press (AP), los ataques registrados en la región en las últimas semanas han dejado al menos 17 muertos. Entre ellos figuran un ataque armado en Huité, donde murieron ocho personas, y la emboscada contra el legislador y su escolta. Las autoridades sospechan de grupos vinculados al narcotráfico, aunque la autoría de algunos ataques aún debe esclarecerse.
El diario español El País describe a Zacapa e Izabal como territorios estratégicos para las redes de tráfico de drogas y señala que la medida se produce después de que Estados Unidos designara a varios clanes criminales guatemaltecos como organizaciones terroristas extranjeras. Según el medio, algunos observadores advierten contra una respuesta centrada solo en la seguridad que no aborde las causas profundas de la violencia.
El estado de sitio prevé una mayor presencia del Ejército y de la Policía en ambos departamentos, con restricciones temporales a la libertad de circulación, reunión y manifestación. El Congreso de Guatemala debe examinar el decreto y puede ratificarlo, modificarlo o rechazarlo. Su eficacia dependerá, en buena medida, de que las autoridades logren desmantelar las redes criminales sin afectar de forma desproporcionada los derechos de la población.










