La Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia pidió este martes que se revisen los mecanismos de control de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tras las denuncias sobre presuntas operaciones de vigilancia contra exmandatarios y posibles intentos de interferir en las elecciones de 2026.
La directora de la MOE, Alejandra Barrios, afirmó, en declaraciones difundidas por varios medios colombianos, que una entidad con facultades tan delicadas no puede depender solo de la confianza que se tenga en el presidente de turno. La DNI está adscrita a la Presidencia de la República.
La polémica surgió después de que Noticias Caracol divulgara un documento interno de 26 páginas, presentado como informe de empalme de la entidad. Según el medio, el texto mencionaría un plan para instalar micrófonos y dispositivos GPS en vehículos de protección de expresidentes y exvicepresidentes.
El escrito también aludiría a una posible estructura de inteligencia clandestina, a contratos cuestionados y a actividades que habrían podido incidir en el proceso electoral de junio de 2026. Entre las acusaciones figura un supuesto intento de manipular los resultados mediante operaciones informáticas realizadas desde España. Se trata de señalamientos que deben ser verificados por las autoridades competentes.
Barrios subrayó la necesidad de esclarecer de dónde procede el documento, en qué condiciones se elaboró y quiénes lo conocieron. Para la MOE es clave establecer si proviene de una auditoría oficial o de un proceso real de empalme administrativo.
La dirigente advirtió además sobre el posible efecto de estas revelaciones en los comicios previstos para octubre de 2027 y reclamó garantías institucionales para que las capacidades de inteligencia del Estado no se empleen contra actores políticos ni instituciones electorales.
Por su parte, la Contraloría General de la República anunció la revisión prioritaria de cinco contratos de la DNI, que suman unos 20.783 millones de pesos colombianos. Los controles se centrarán en la compra de equipos tecnológicos, las condiciones de entrega, posibles sobrecostos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
El caso se produce en un clima de confrontación política en torno al legado del Gobierno de Gustavo Petro y la responsabilidad de sus exfuncionarios. La administración de Abelardo de la Espriella pide que se investigue, mientras sectores cercanos a Petro denuncian una ofensiva contra su legado electoral.
Más allá de las acusaciones contra personas concretas, la controversia reabre en Colombia el debate sobre la independencia y la supervisión de los servicios de inteligencia, con el fin de evitar que se usen con fines políticos.
