Un proyecto de ley aprobado por el Senado de Puerto Rico ha reavivado la polémica sobre la política migratoria de Estados Unidos en el territorio. Asociaciones de defensa de los inmigrantes, legisladores y líderes comunitarios cuestionan la iniciativa, que podría facilitar el acceso de agentes federales de inmigración a las escuelas públicas.
Los críticos temen que la medida deje a los niños de familias inmigrantes más expuestos a las actuaciones del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Sostienen que los centros educativos deben seguir siendo espacios seguros, donde los estudiantes puedan aprender sin miedo a redadas.
Advertencias sobre el impacto en los menores
Varios defensores de los derechos humanos advierten de las consecuencias psicológicas y educativas de una política de este tipo. A su juicio, el temor a una intervención de las autoridades podría llevar a algunas familias a retirar a sus hijos de la escuela o a evitar los servicios públicos.
La movilización se produce en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. En Puerto Rico, el debate va más allá de lo administrativo: afecta a la protección de la infancia, al acceso a la educación y a las libertades fundamentales.
