El Banco Central del Paraguay decidió el 3 de noviembre de 2026 el cierre de Ueno Bank, una medida que ha abierto una grave crisis financiera y política en el país. Según informaciones difundidas por varios medios internacionales, cerca de 2,9 millones de clientes perdieron el acceso a sus cuentas, una cifra que equivale a una parte importante de la población adulta paraguaya.
Las consecuencias van más allá de las operaciones bancarias. Trabajadores que no pueden disponer de sus salarios, jubilados preocupados por sus ahorros y comerciantes con dificultades para realizar transacciones figuran entre los afectados. Además, entre los fondos expuestos hay recursos de instituciones públicas, incluidos los vinculados al sistema de jubilaciones. Las primeras estimaciones indican que la entidad custodiaba unos 850 millones de dólares en depósitos públicos.
La crisis provocó manifestaciones en varias ciudades del país. El malestar de los depositantes también apuntó al poder político, por los vínculos financieros que el entonces presidente, Santiago Peña, mantuvo con el grupo propietario del banco. Peña había sido titular de participaciones en una sociedad ligada a ese grupo hasta 2025.
Destitución de Santiago Peña
El caso adquirió dimensión institucional con la salida de Peña. Tras su renuncia, el Congreso la rechazó y procedió a su destitución el 6 de noviembre. El vicepresidente, Pedro Alliana, fue llamado a sucederlo. El exmandatario es además objeto de una investigación judicial por su presunta implicación en los asuntos relacionados con el banco.
Por su parte, Alliana prometió que los depositantes afectados serán indemnizados. Sin embargo, el reembolso íntegro sigue siendo un tema delicado: el mecanismo legal de garantía de depósitos cubre los ahorros hasta un límite determinado, mientras que la suerte de las sumas que superan ese tope continúa siendo incierta.
Más allá de sus efectos inmediatos, el hundimiento de Ueno Bank plantea interrogantes sobre la supervisión de las entidades financieras digitales, la gestión de los fondos públicos y las relaciones entre responsables políticos y grupos privados. El episodio también pone a prueba la confianza de los paraguayos en su sistema bancario.
