La Corte Superior de Cuentas y del Contencioso Administrativo (CSCCA) recordó que la concesión de descargo de gestión a los antiguos primeros ministros y ministros es competencia del Parlamento haitiano. La institución precisó que no puede sustituir al Poder Legislativo para adoptar una decisión de esa naturaleza.
En un dictamen publicado el jueves 12 de noviembre de 2026, la Corte fundamentó su posición en las disposiciones constitucionales y legales que regulan el control de la gestión de los recursos públicos en Haití.
La Constitución atribuye esa responsabilidad al Parlamento
Para respaldar su interpretación, la CSCCA se refirió al artículo 233 de la Constitución enmendada. Esta disposición contempla la creación de una comisión parlamentaria integrada por nueve diputados y seis senadores, encargada de examinar la gestión de los ministros para que ambas cámaras puedan pronunciarse sobre la concesión de descargo.
La institución también citó el artículo 89 de la ley del 4 de mayo de 2016, relativa a la elaboración y ejecución de las leyes de finanzas. Esta norma atribuye al Parlamento el control permanente de los gastos públicos y le permite solicitar las investigaciones necesarias a la jurisdicción de cuentas.
La CSCCA mantiene sus competencias sobre las cuentas públicas
La Corte aclaró que esta distribución de responsabilidades no supone la desaparición de sus propias atribuciones. La institución conserva la competencia para juzgar las cuentas de antiguos responsables que hayan sido declarados contables de hecho de fondos públicos durante el ejercicio de sus funciones.
La aclaración establece una distinción entre la evaluación de la gestión de los antiguos integrantes del Gobierno para la concesión de descargo y la responsabilidad de quienes hayan sido declarados contables de hecho de fondos públicos.
El pronunciamiento vuelve a poner de relieve el papel del Parlamento en la supervisión de la administración de los recursos estatales y la responsabilidad de los antiguos miembros del Gobierno por su gestión. Esta cuestión adquiere especial relevancia en Haití, donde el funcionamiento de las instituciones legislativas continúa siendo un desafío para la vida institucional del país.
