PUERTO PRÍNCIPE, 13 de noviembre de 2026. Los países miembros del G7 y la Unión Europea expresaron su preocupación por la participación de personas sujetas a sanciones internacionales en el proceso político de Haití. La posición figura en una declaración conjunta publicada el jueves 12 de noviembre, tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en París.
Los firmantes consideran que la presencia de personalidades sancionadas en el proceso político podría debilitar la confianza de la población y las garantías de rendición de cuentas en el país. También recordaron que las sanciones internacionales están dirigidas contra personas y entidades consideradas una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad de Haití.
En el mismo documento, los socios internacionales insistieron en la necesidad de respetar las disposiciones del decreto electoral. En ese sentido, instaron a las autoridades haitianas a garantizar su aplicación íntegra e imparcial, sin conceder un trato privilegiado a determinados actores políticos.
El G7 no anunció una exclusión de candidatos
La declaración no establece una decisión de excluir a candidatos del proceso electoral. La admisión de candidaturas está sujeta a las disposiciones de la legislación electoral y a las competencias de las instituciones haitianas responsables de examinar los expedientes.
La distinción es importante, ya que el pronunciamiento de los socios internacionales expresa una preocupación política y plantea exigencias sobre la aplicación de las normas, pero no sustituye las decisiones que corresponden a las autoridades electorales haitianas.
Las elecciones presidenciales previstas para julio de 2027
La posición del G7 y la Unión Europea se produce mientras varias figuras políticas haitianas están sujetas a sanciones internacionales y el país avanza hacia unas elecciones presidenciales previstas para julio de 2027.
En este contexto, las autoridades electorales deberán afrontar el desafío de conciliar la aplicación de la legislación nacional, las exigencias de integridad en la gestión pública y la credibilidad del proceso democrático.
El pronunciamiento internacional vuelve a situar en el centro del debate la transparencia electoral y las condiciones de participación de los distintos actores políticos en Haití.
